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MÉXICO, D.F. (apro).- "Sigue la lucha de nuestros pueblos por la tierra y por la soberanía alimentaria y sobre nuestros recursos. Es por eso que el estado panameño irrumpió y fraccionó la propiedad. Ahí están nuestros sembradíos y donde practicamos nuestros ritos ancestrales", declaró el indígena panameño Pedro Ábrgou, del Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica Ngäbe durante una audiencia sobre el derecho a la propiedad colectiva de la tierra en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los indígenas panameños llegaron a Washington, sede de ese órgano de la Organización de Estados Americanos, el pasado 23 de marzo para denunciar los obstáculos que les impiden tener dominio legal sobre sus territorios y la violación de sus derechos a manos del Estado panameño.
"Por el incumplimiento del Estado panameño hemos sufrido la inseguridad, la intranquilidad. Ha habido desalojos violentos, quema de viviendas, destrucción de viviendas y sembradíos y persecuciones policíacas a dirigentes. Nuestra situación está caracterizada por concesiones turísticas residenciales, hidroeléctricas, promulgaciones de nuevas legislaciones que atentan contra la integridad indígena y la futura privatización del bosque", dijo Abreu.
La audiencia fue solicitada por la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, Human Rights Everywhere, Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro y el Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica Ngäbe.
En Panamá existen siete pueblos indígenas, cuya población asciende a 417 mil personas, según el censo de 2010, y habitan una superficie de 16 mil 634 kilómetros cuadrados (29% del territorio total de la nación centroamericana).
Los territorios indígenas se basan en el principio de propiedad colectiva, por lo cual la tierra no puede ser enajenada ni vendida.
La Ley 72 de 2008 estipula que el Estado debe proceder a delimitar los territorios y entregar títulos colectivos a los pueblos originarios, un proceso lento y demorado, según los representantes nativos.
"El derecho panameño ordena la protección de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Pero aún no tenemos la propiedad colectiva, sólo ocho comunidades están en proceso de adjudicación dentro de los próximos tres meses y hay más de 24 territorios pendientes. A consecuencia de esta inseguridad territorial las comunidades están siendo afectadas por invasiones de colonos madereros", argumentó en la sesión el abogado Leonides Quiroz, del pueblo wounaan.
La pugna entre los pueblos ancestrales y el gobierno del empresario Ricardo Martinelli llegó a un punto crítico el pasado 5 de febrero, cuando indígenas ngäbe bloquearon una carretera en protesta por la construcción de la hidroeléctrica Barro Blanco en tierras de ese colectivo. Los disturbios derivaron en la muerte de tres manifestantes.
Ese proyecto, propiedad de la empresa Generadora del Istmo y que generará 28 megavatios, se construye sobre unas 6 mil hectáreas de tierras del pueblo ngäbe bulé con financiamientos de bancos alemanes y holandeses y el Centroamericano de Integración Económica.
En su respuesta a la intervención de los delegados indígenas, la representación panameña presente en la audiencia reconoció que persiste la deuda histórica con los pueblos originarios y garantizó que habría protección de los recursos mediante la prohibición de actividades mineras e hidroeléctricas.
De hecho, líderes ngäbe bulé, junto con el gobierno acordaron, el día 5 de marzo, la suspensión temporal del complejo energético, hasta que se revise la declaración de impacto ambiental y se realice un peritaje independiente.
Debido a las denuncias, el Estado panameño tendrá que responder ante la CIDH sobre el tema, so pena de que el caso sea elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el más alto tribunal continental.
"El gobierno no cumple los acuerdos. Se nos han violado los derechos. Tenemos que ir a las calles porque el gobierno no nos escucha. No nos queda otro camino que esa medida", manifestó ante la Comisión la indígena Adelaida Miranda, dirigente del Movimiento 10 de abril, que se opone a la hidroeléctrica.
La Comisión recién la encabeza el mexicano José de Jesús Orozco, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Orozco, quien también es relator para Panamá, planteó a la delegación del país centroamericano preguntas sobre los principales obstáculos para el reconocimiento de algunos territorios indígenas, alternativas para enfrentar conflictos surgidos entre poseedores no indígenas en tierras ancestrales y habitantes indígenas y mecanismos de protección de la propiedad indígena frente a invasiones de personas no indígenas o empresas.
La delegación indígena pidió a la CIDH dar seguimiento al reconocimiento a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, una visita oficial al país, la emisión de recomendaciones al Estado en su informe anual y la elaboración de un informe especial sobre la situación de las comunidades originarias panameñas.
La comisionada Dinah Shelton también intervino en la audiencia, al comentar que "el proceso de adjudicación no necesariamente desemboca en el reconocimiento de una comarca".
Shelton, de nacionalidad estadunidense y quien visitó Panamá en diciembre de 2010 para visitar las zonas en conflicto, inquirió sobre si "el gobierno ha pensado en procesos de expropiación para recuperar esas tierras y destinarlas a los pueblos indígenas".
Además, la comisionada también interrogó a la delegación gubernamental sobre hasta qué punto el gobierno consulta a los pueblos indígenas sobre empresas que entran a sus territorios y si el gobierno monitorea para que efectivamente haya un proceso de consulta libre e informada.
"¿Quién tiene títulos de agua, árboles, animales y minerales subterráneos?", preguntó Shelton.
"Ya no podemos seguir perdiendo la tierra, porque ahí viven nuestras familias y de eso va a depender nuestra generación", enfatizó Miranda.
El gobierno panameño adelantó que están por efectuarse decomisos de madera cortada ilegalmente en terrenos indígenas y que ya hay un cronograma para la entrega de títulos de propiedad colectivos durante los próximos tres o cuatro meses.
Abandono
"He sentido el sufrimiento de la inundación. Me siento muy triste por este momento, porque sentí el dolor con este embalse del río Bayano. Con mi propia sangre estoy diciendo la verdad", relató Manuel Pérez, cacique general del Congreso del pueblo kuna.
Pérez asistió a una audiencia ante la CIDH, también el día 23, sobre los pueblos indígenas kuna y emberá, quienes desde el 2000 han denunciado ante ese organismo que el Estado panameño incumplió promesas hechas en la década del sesenta y setenta cuando fueron desalojados de sus tierras para construir una represa.
"Se han perdido sitios sagrados, cementerios y falta de valores culturales. También aparecieron enfermedades y últimamente falta electricidad en el área indígena", dijo Pérez, en un español trastabillante.
La sesión fue reclamada por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la estadunidense American University Washington College of Law y el Centro de Asistencia Legal Popular.
La construcción del embalse inició en 1960 y la hidroeléctrica empezó a generar energía en 1976. En un principio, el gobierno prometió indemnización a los indígenas, pero ésta no fue completada ni todos recibieron el dinero.
"Tenía acaso cinco años pero tenía todo mi conocimiento en ese momento, cuando nuestra familia fue desalojada forzosamente. Porque anterior a esto no existió una consulta hacia los pueblos indígenas", expresó ante la Comisión Bolívar Jaripio, indígena emberá.
"Yo sufrí un cambio brusco como niño y sé que toda mi familia sufrió lo mismo, cuando venía la represa subiendo, inundando las casas. Con mis propios ojos lo vi. Jamás me voy a olvidar de que la comunidad se volvió loca, huyeron a las montañas. Son cosas que nos quedan", atestiguó el dirigente.
La presa Bayano, que actualmente opera la empresa AES Panamá –filial de la estadunidense AES Corporation-, tiene una capacidad instalada de 260 megavatios.
En 2011 la CIDH emitió medidas cautelares para proteger a los indígenas de la invasión y destrucción de sus tierras por colonos.
Desde 2007 esas comunidades han solicitado la titulación colectiva de las tierras, a lo cual el gobierno no ha respondido.
La delegación indígena presentó dos peritajes sobre los problemas para acceder a ese reconocimiento legal.
Las comunidades "siempre están viviendo en un estado de preocupación, de temor y de impotencia. Han presentado ante esferas administrativas y jurisdiccionales la situación en que viven por invasiones constantes y la devastación de los recursos naturales. Esto le ha generado erogaciones económicas muy fuertes y hasta hoy no hay ningún fallo administrativo o judicial que señale el lanzamiento de estos invasores", indicó el abogado Alexis Alvarado, uno de los peritos.
Los delegados indígenas concluyeron en que no se aplicó mecanismo de consentimiento previo, libre e informado para la edificación de la hidroeléctrica ni se ha cumplido con el derecho de propiedad de comunidades indígenas. Además, el Estado no ha proveído de un recurso legal y efectivo para garantizar la propiedad y no completado la indemnización.
Por eso, pidieron que la CIDH expida el informe de fondo del caso y que recomiende al Estado la creación de un mecanismo de consulta, la concesión del título de propiedad colectiva, la protección de ésta, el pago de las indemnizaciones, el mantenimiento de las medidas cautelares y el traslado del caso a la Corte Interamericana si el Estado no cumple con estas recomendaciones.
